Los criterios revisados de deportación que impuso Trump ponen en peligro a todos
Guatemalan immigrant Amariliz Ortiz holds a doll as she joins families impacted by immigration raids during a rally with Members of the Coalition for Humane Immigrant Rights of Los Angeles, CHIRLA, outside the ICE Metropolitan Detention Center downtown Los Angeles, May 17, 2016. | Nick Ut / AP

Traducción por Sara Ladino Cano

Iniciando el lunes 6 de febrero y alcanzando un punto culminante el jueves y viernes, 9 y 10 de febrero, el Servicio de Inmigración y control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la rama del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos de aplicación de leyes de inmigración, detuvo al menos a 680 personas e inició procedimientos de deportación en su contra.

Aunque el gobierno afirma que las personas incautadas son todos “criminales empedernidos”, la información de las comunidades donde ocurrieron las incursiones indica que muchos no tenían antecedentes penales, aparte de ser indocumentados. En ciertos casos, los delitos de los que fueron acusados eran menores y no violentos. Los crímenes que se supone que han cometido los detenidos son imposibles de saber en este momento porque el gobierno no ha divulgado tal información.

ICE afirma que se trata de acciones ejecutivas de rutina similares a las llevadas a cabo bajo la administración de Obama y no son algo nuevo bajo el Presidente Trump. Sin embargo, su naturaleza “rutinaria” está siendo cuestionada en la base y en el Congreso.

El martes 14 de febrero, el director interino de Thomas Thomas Homan canceló una reunión con la camarilla política del Congreso hispano, donde era probable que hubiera sido severamente criticado. Eludió la reunión por los falsos argumentos de que éste no era un grupo “bipartidista” y que por lo tanto violaba una supuesta regla para reuniones tales como ésta.

El gobierno de Obama llevó a cabo la deportación de más de 2,5 millones de personas. Pero el fuerte movimiento de derechos de los inmigrantes en el país -con el apoyo del movimiento sindical, las iglesias, los afroamericanos, los latinos y otros importantes sectores de masas- había empujado a Obama a cambiar de rumbo a medida que se acercaban las elecciones de 2012.

En 2012, Obama estableció el programa de Acción Diferida para los llegados en la infancia (DACA) para jóvenes indocumentados, conocidos como “soñadores”, o “dreamers” en inglés, que habían sido traídos a los Estados Unidos como menores. En 2014, el presidente trató de agregar el programa de Acción Diferida para Padres de Ciudadanos Estadounidenses y Residentes Permanentes Legales (DAPA) que pretende cubrir padres indocumentados de jóvenes ciudadanos estadounidenses.

Esto, sin embargo, fue bloqueado por litigios republicanos en los tribunales federales. Obama también estableció criterios para la deportación de inmigrantes indocumentados que se centraban especialmente en individuos que habían sido condenados por crímenes graves. Las personas que sólo habían violado las leyes de inmigración y no participaban en actividades delictivas graves, especialmente si tenían familias aquí y sus raíces en las comunidades de los Estados Unidos, eran la prioridad más baja para la deportación. La “discrecionalidad procesal” debía usarse para decidir a quién detener y deportar.

Parte de la estrategia electoral de Donald Trump no fue sólo para recoger demagógicamente los votos de personas que ya tenían prejuicios contra los latinos y otros inmigrantes, sino para intensificar esos prejuicios y difundir información falsa para aumentar el miedo y el odio hacia estos grupos.

Trump dijo que iba a deshacerse rápidamente de lo que afirmaba ser tres millones de extranjeros “criminales” en el país. La demanda planteó interrogantes como si es cierto que tres millones de los once millones de inmigrantes indocumentados que viven en los Estados Unidos son en realidad criminales serios y peligrosos. Algunas evidencias sugieren que los inmigrantes indocumentados tienen una tasa de delitos graves más baja que la población general.

Pero a finales de enero, cuando Trump emitió varias de sus ahora conocidas “Órdenes Ejecutivas” que incluyen la aplicación de la ley de inmigración y quién debe ser priorizado para su deportación, las cosas son ahora más claras y más aterradoras.

Una de las órdenes ejecutivas de Trump promete no permitir nuevas solicitudes a DACA. Las personas que actualmente tienen permisos de trabajo bajo DACA no los renovarán cuando expiren. Además, la política de “discreción fiscal”, de no deportar rutinariamente “soñadores” o padres de ciudadanos estadounidenses, será eliminada.

Esa orden ejecutiva perjudica potencialmente a millones de jóvenes trabajadores honestos que, bajo DACA, pudieron “salir de las sombras”, trabajar honestamente, apoyar a sus familias en muchos casos, ir a la escuela o la universidad y planear su futuro. Estas personas serán arrastradas a las sombras, sujetas a la super-explotación, ya que se ven obligadas a trabajar por salarios mínimos sin derechos laborales.

Otra orden ejecutiva amplía los criterios de la administración de Obama para la detención y deportación prioritaria, normas que autorizan la expulsión de personas condenadas por delitos graves, se expande a personas “acusadas” de tales delitos o “creídas” por la policía como un peligro criminal.

La medida reduce drásticamente el umbral requerido para definir a alguien como un delicuente que merece la deportación. Bajo esta orden, las personas que cometieron infracciones tales como usar un número de Seguro Social falso para conseguir un trabajo son de alta prioridad para la deportación, lo que no fue el caso bajo la administración Obama.

Usando un número de Seguro Social falso es a menudo la única manera con que los inmigrantes indocumentados son capaces de obtener trabajo. Esto significa que contribuyen al Fondo Fiduciario de la Seguridad Social, pero, por miedo a ser detectados, no aplican para recibir beneficios del Seguro Social. En efecto, están subsidiando el sistema de la Seguridad Social por miles de millones de dólares cada año.

Un caso notorio reportado recientemente en los medios de comunicación fue el de la señora Guadalupe García de Rayos, una madre indocumentada en Phoenix, Arizona. Ella había estado en los Estados Unidos desde que tenía 14 años – más de dos décadas. Anteriormente, ella había sido procesada por usar un número de Seguro Social falso, un número imaginario que ella simplemente había inventado para conseguir trabajo, pero se le requirió reportarse regularmente con ICE. No había tenido ningún otro problemas con la ley.

Bajo los criterios del presidente Obama, ella habría sido la prioridad más baja para la deportación, pero cuando ella fue a su chequeo regular el miércoles, 9 de febrero, fue arrestada abruptamente con base en la antigua condena del Seguro Social y deportada – a pesar del hecho que sus hijos son ciudadanos estadounidenses. Se teme que pueda ser la primera de muchas.

Bajo las nuevas reglas de Trump, una persona puede ser calificada como un criminal extranjero no sólo si son declarados culpables de un crimen, sino también si simplemente son acusados de un crimen. Ningún veredicto de culpabilidad de un tribunal es necesario. El criterio de Trump abre la posibilidad de que una persona pueda ser deportada por la mera decisión de un oficial de ICE, sin ser declarada culpable o incluso acusada de un delito.

Otra nueva práctica será la detención y deportación de inmigrantes sobre la base de supuestos lazos de pandillas. El problema es que no hay una definición generalmente aceptada de lo que es una pandilla, y en algunas áreas, la policía es conocida por afirmar que los jóvenes son miembros de pandillas que resultan no serlo.

La semana pasada, se reveló que en San Francisco, un inmigrante indocumentado de 23 años cubierto por el programa DACA, Daniel Ramírez Madina, ha sido arrestado y está siendo procesado para deportación. Las autoridades de inmigración afirman que Ramírez confesó ser miembro de una pandilla, pero sus abogados afirman que esta “confesión” fue el resultado de la presión de la policía. El Sr. Ramírez no tiene antecedentes penales.

Recordemos los muchos, muchos casos de comportamiento policial abusivo que hemos visto en este país recientemente y en el pasado: el racismo, la corrupción, el abuso de poder. Recordemos el escándalo de la policía en Los Ángeles hace más de una década, en el que la policía, entre otras cosas, presentó inmigrantes latinos inocentes para su deportación.

Bajo las nuevas reglas de Trump, la policía local a la que parece no agradarle ciertas personas tendrá la libertad de declarar que son un peligro para la sociedad y, en cooperación con ICE, hacer arreglos para que sean detenidos y deportados.

Permitir que la acción punitiva se tome sin un hallazgo de culpabilidad voltea el concepto de “inocente hasta que se demuestre su culpabilidad” de cabeza. Ese es un mal precedente, y no sólo para los inmigrantes. También es algo que aumentará considerablemente el peligro de discriminación racial por parte de la policía mientras que socava todas las libertades civiles.

Translated from “Trump’s revised immigrant deportation criteria endanger everyone

 

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CONTRIBUTOR

Emile Schepers
Emile Schepers

Emile Schepers is a veteran civil and immigrant rights activist. Emile Schepers was born in South Africa and has a doctorate in cultural anthropology from Northwestern University. He has worked as a researcher and activist in urban, working-class communities in Chicago since 1966. He is active in the struggle for immigrant rights, in solidarity with the Cuban Revolution and a number of other issues. He now writes from Northern Virginia.

 

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