Se trata de las ordenanzas No. 345 y 346/2025 los secretarios generales Hugo Godoy (CTAA) y Hugo Yasky (CTA) repudiaron porque “disuelven o modifican once organismos culturales e históricos”, creados por leyes que fueron votadas de manera democrática, “eliminando su autonomía y la representación federal” de su composición.
En un comunicado conjunto ambas centrales sindicales advierten que los decretos de Milei privan al Instituto Nacional del Teatro de autarquía y distribución federal de los fondos, liquidan la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares que mantiene bibliotecas populares en todo el país desde 1870.
Además, transforman en museos o eliminan institutos históricos como el Sanmartiniano, Eva Perón, Yrigoyeneano y otros que “preservan nuestra memoria” como país.
“Es una decisión unilateral y arbitraria del Poder Ejecutivo, con medidas que avanzan más allá de la Ley de Bases de 2024 ya que en su artículo 3, inciso ‘b’, protege expresamente a los organismos culturales”, sostiene el comunicado gremial.
El argumento del ajuste es falso: estos espacios se financian con su propia actividad según la Ley 27.693/2022 y su costo presupuestario es mínimo, explica la declaración.
Para las dos CTA, el verdadero objetivo es “concentrar poder, borrando décadas de construcción cultural federal y comunitaria”.
Por ello, exigen al Congreso rechazar esos decretos por inconstitucionales, “defender la cultura como derecho fundamental” y “garantizar la participación federal en las políticas culturales”. “La cultura no es gasto. Es identidad, memoria y trabajo”, concluye el comunicado conjunto de las CTAs.
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