Bush ataca derecho femenino

“La dama fue a la ventana y dijo, ‘Perdona, pero no voy poder llenar su receta’. Yo dije, ¿Hay algo mal con la receta? Y ella contestó, “No, es que yo personalmente no creo en control de la natalidad”.

Esa fue la conversación que Julee Lacey, de North Richland, Tejas, contó a la cadena NBC después que una farmacéutica de CVS se negó darle su receta. Puede que suene escandaloso, pero esto será el futuro para todas si George W. Bush y sus compinches del Congreso y judiciales ganan su campaña de desmantelar la decisión Roe v Wade y quitarle a las mujeres su derecho más importante, tener el control sobre sus propios cuerpos.

Que farmacéuticos jueguen el papel de médico es escandaloso, pero lo que más da miedo es la manera abierta, intimidadora – e inconstitucional – que la administración Bush está pisoteando los derechos democráticos.

En abril del 2001, el presidente Bush enfatizó “el derecho de cada norteamericano tener confianza que su récord médico personal se quedará privada”. Eso era entonces.

Esto es ahora: “Pacientes ya tienen una expectativa razonable que sus historiales se quedarán completamente confidencial” de acuerdo a un escrito del departamento de Justicia en 2004.

El 5 de noviembre, 2003, el presidente Bush firmó una ley que sería la primera prohibición federal contra el aborto. Él hizo esto a pesar de que el Tribunal Supremo de EEUU decidió en junio del 2000 que tales prohibiciones era inconstitucional.

Organizaciones pro derecho de la mujer a escoger y la Unión Norteamericana sobre Libertades Civiles demandaron en tribunales federales en San Francisco, Nueva York y Lincoln, Nebraska, dicen que la prohibición contra abortos seguros viola la Constitución y pone la salud de la mujer en peligro. El juez en cada caso emitió un mandamiento judicial contra la ley.

Eso fue cuando el secretario de Justicia John Ashcroft entró en el caso para exigir los récords médicos de 900 mujeres que tuvieron abortos en clínicas a través del país. Personal médico se negaron cumplir y decisiones en el caso revela que la estrategia del gobierno no es nada más que intimidación.

En el caso Northwestern Memorial Hospital v Ashcroft el juez decidió contra Ashcroft declarando que “el gobierno busca estos récords por “si acaso” hay algo [útil]” para contradecir los testigos expertos pro derecho a escoger.

El gobierno apeló pero la decisión del Tribunal de Apelaciones EEUU para el Séptimo Circuito respaldó al juez original. El juez del Tribunal del Circuito Richard A Posner escribió “la respuesta del gobierno ... son tan vaga que son evasivas”. En otras palabras, simplemente dadnos los récords y no pregunte porqué.

El gobierno también argumentó que como estaba buscando un número “limitado” de récords y que no usaría los nombres de las pacientes, cumplir con eso no debe ser un problema para los hospitales o las pacientes. El tribunal llamó eso “no realista e incompleto”, notando que la sensibilidad natural que la gente siente sobre revelar sus récords médicos “está amplificada cuando los récords son parte de una operación que el Congreso ha declarado ahora un delito”.

Mientras Ashcroft dice que los nombres de las mujeres no serán usado “el gobierno expresamente se reserva el derecho, en un tiempo en el futuro, de buscar la identidad de las pacientes cuyo récords fueron producidos”, dicen los documentos del tribunal.

La decisiones de las tres demandas serán emitidas a fines del verano. Los mandamientos judiciales contra que entre en vigencia la ley están vigente actualmente y “deben de tener efecto a través de proceso de apelaciones”, le dijo a Nuestro Mundo Ellen Sweet, directora de comunicación para el Centro de Derechos Reproductivos, grupo que se uno de los demandantes en el caso en el tribunal federal en Nebraska. No importa cual sea el veredicto, habrá una apelación ella dijo.

Desde el 1995 los estados han pasado 380 proyectos de ley restringiendo el derecho de la mujer a escoger. El Congreso controlado por los republicanos sin descansar ha peleado para quitar los derechos reproductivos. El Tribunal Supremo tiene una mayoría pequeña protegiendo el derecho a escoger.

En un llamado para la Marcha por los Derechos de la Mujeres para el 25 de abril, el grupo NARAL América Pro-Escoger dijo, “Eso es la realidad”.

“Esta marcha es un paso vital en apoyo a las mujeres, en apoyo a los derechos reproductivos, y en apoyo a nuestras libertades individuales”, dijo Sue Wagner, directora ejecutiva de Planned Parenthood Affiliates de Michigan. “Nuestros derechos están bajo ataque con nunca han estado”. Ella añadió que la decisión Roe v Wade está en peligro y que por eso los políticos “deben saber cuanta gente están de acuerdo con poder escoger”.

Se puede comunicar con la autora al crummel@pww.org.